Desde la irrupción del caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, acusado de abuso sexual y actualmente en prisión preventiva, La Moneda ha enfrentado críticas y cuestionamientos no solo desde la oposición sino también internamente. El informe de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) reveló que este escándalo ha sido uno de los “flancos” más problemáticos para el Ejecutivo, superando incluso otras crisis nacionales, como la de seguridad. A pesar de las medidas adoptadas por el comité de crisis del gobierno, que incluyen intentos por desvincular el escándalo de la agenda diaria y buscar soluciones para proteger la imagen del gobierno, las repercusiones han continuado dominando el discurso público y han obligado a La Moneda a reiterar que no existe un “pacto de silencio” sobre el caso. La situación se ha agravado con la revelación de que altos asesores del gobierno conocían detalles del caso antes de que se hicieran públicos, lo que ha llevado a llamados desde las propias filas oficialistas para una “cirugía mayor” en el gabinete y entre los asesores. Las críticas se han intensificado tras la decisión judicial de dictar prisión preventiva para Monsalve, lo que llevó al presidente a pronunciarse, destacando la importancia de que las instituciones funcionen correctamente, mientras que la oposición y algunos sectores del oficialismo han expresado su descontento con el manejo del caso por parte del gobierno. Esta situación ha puesto a La Moneda en una posición delicada, intentando gestionar la crisis sin afectar las reformas importantes y sin dar la impresión de favorecer al exsubsecretario.
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