En un reciente giro en el caso de tráfico de influencias, la diputada Karol Cariola se ve implicada en una investigación que revela pagos de arriendo a una empresa vinculada al empresario chino Bo Yang. Este empresario es investigado por su presunta intervención ante la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, para resolver problemas de patentes comerciales. La Fiscalía Regional de Coquimbo justificó un allanamiento basado en conversaciones de WhatsApp entre Cariola y Hassler, evidenciando la gestión de la diputada en favor de empresarios chinos, lo que podría constituir una omisión de la Ley de Lobby. El escándalo se intensifica al revelarse que los pagos del arriendo del departamento de Cariola en Providencia iban dirigidos a una sociedad propiedad de Bo Yang, a pesar de las afirmaciones iniciales de desconocimiento por parte de la parlamentaria. Las transferencias bancarias muestran pagos mensuales significativos a la sociedad de Yang, mientras la defensa de Cariola sostiene que el arriendo era a precio de mercado y pagado con sus ingresos personales. Este desarrollo arroja dudas sobre la legalidad de sus acciones y la veracidad de sus declaraciones anteriores, intensificando las críticas y el escrutinio público en un momento sensible para la diputada.
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