La senadora Karol Cariola (PC) enfrenta una investigación por supuesto tráfico de influencias, pero su defensa lanza un contragolpe: afirma que el informe de la PDI filtrado ilegalmente no prueba delito alguno. En una declaración voluntaria ante la Fiscalía Regional de Coquimbo, la parlamentaria comunista reiteró su colaboración total, abriendo incluso sus cuentas bancarias de forma voluntaria pese a que el Tribunal había rechazado esa diligencia. Su abogado, Juan Carlos Manríquez, respaldó que el informe solo confirma esos actos de transparencia, sin evidencias de intervención decisoria en favor del empresario chino Bo Yang, también conocido como Emilio Yang. Cariola acusó a medios como Mega de difundir información errónea que, según ella, ha derivado en noticias falsas e insultos en redes sociales. La tensión se centra en si las gestiones realizadas por la senadora para beneficiar a Yang, en el marco de la causa ‘Chinamart’ que también involucra a la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, constituyen un delito o son meros trámites administrativos. La defensa insiste en que los actos referidos no son ‘terminales o decisorios’ y que fueron iniciados por los interesados, no por funcionarios públicos. El caso impacta la credibilidad política y judicial en Chile, poniendo en duda los procedimientos de investigación y la difusión de información sensible.
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