La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que busca limitar el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal, una medida que podría impactar a más de 336 mil personas según datos oficiales. La iniciativa, ingresada el 7 de abril de 2025, ahora pasa al Senado para su tramitación, marcando un giro en la política migratoria chilena. El proyecto modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, exigiendo cédula de identidad vigente del Registro Civil para postular a beneficios fiscales y para la inscripción en el Registro Social de Hogares. Además, propone priorizar atenciones médicas y cobertura educativa para nacionales sobre extranjeros irregulares, y niega números identificatorios a quienes ingresaron por pasos no habilitados. Esta restricción responde a un incremento del 3.000% en la población inmigrante irregular entre 2018 y 2023, según el texto, vinculando el fenómeno a riesgos de seguridad pública. El cambio afecta directamente subsidios habitacionales, aportes económicos y acceso a servicios sociales, redefiniendo los criterios de inclusión en programas estatales. El próximo paso es la revisión en el Senado, donde se definirá el futuro de la normativa. Su aprobación podría desincentivar la migración irregular, pero también plantea debates sobre derechos sociales y la integración de comunidades extranjeras en Chile.
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