Fortalecer las atribuciones de la subsecretaría del Interior y de la PDI, es el objetivo del proyecto de ley que este martes fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, permitiendo su paso a segundo trámite en el Senado. La iniciativa, propuesta por el Ejecutivo, apunta a entregar al Estado herramientas más efectivas para llevar a cabo las expulsiones administrativas. Así, se incorpora como una de las causales para la expulsión decretada por el subsecretario o subsecretaria del Interior las razones de orden público. En cuanto a PDI, se le faculta para ingresar al domicilio de personas contra las cuales se haya decretado la expulsión por causas graves relacionadas con la seguridad y el orden público. También se otorgan atribuciones a PDI para tomar los datos biométricos de extranjeros mayores de 18 años en condición migratoria irregular, con el fin de incorporarlos al Registro Nacional de Extranjeros. Al respecto, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, señaló durante su intervención en la sala que los cambios incluidos en la iniciativa “están bien pensados desde el punto de vista de dar garantías”. La jefa de gabinete destacó que este este año “se han registrado 635 expulsiones administrativas, cifra superior a las materializadas desde 2018 en adelante, considerando el total anual de esos años”.
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