El Gobierno de Bolivia ha emitido un decreto declarando una «emergencia energética y social» en respuesta a una profunda crisis económica caracterizada por una inflación acumulada del 20,40% en 2025 y una grave escasez de combustibles. Esta medida excepcional, establecida mediante el Decreto Supremo 5517, busca abordar los desafíos urgentes que enfrenta el país, incluyendo la falta de dólares y la interrupción en el suministro de energía. El decreto autoriza la importación y venta libre de combustibles por parte de entidades privadas, permitiendo que cualquier persona natural o jurídica comercialice productos derivados del petróleo a precios basados en los costos de importación. Además, suspende temporalmente el diésel de la lista de sustancias controladas para garantizar un abastecimiento continuo en sectores clave como el transporte, la agroindustria y la producción nacional. Estas acciones tienen como objetivo garantizar el abastecimiento de combustibles, reactivar la producción económica y reconstruir la economía boliviana, con un enfoque en mejorar la calidad de vida de la población. El Gobierno ha enfatizado que las medidas son temporales y de aplicación inmediata, respondiendo a una situación crítica que requiere intervenciones rápidas.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
