El Gobierno chileno decidió mantener el límite máximo que los bancos deben devolver a clientes víctimas de fraude con tarjetas, una medida que generó un choque inmediato con la industria financiera. El Ejecutivo formalizó este viernes, mediante el Decreto Exento N° 473, que el tope de restitución se mantendrá en 35 UF (aproximadamente $1.389.802), argumentando que aún no existe una trayectoria suficiente bajo la nueva regulación para justificar modificaciones. La Asociación de Bancos (ABIF) criticó duramente la decisión, calificándola como «una medida que desconcierta» y señalando que mantiene «distorsiones fundamentales en el sistema de pagos». El gremio bancario cuestionó que no se haya reducido el tope, argumentando que uno de los objetivos de la reforma legal era disminuir los incentivos al denominado «autofraude», y reveló que la tasa de fraudes actual es tres veces mayor que antes de los cambios legales de 2020. El impacto de esta decisión es directo para millones de usuarios de tarjetas de crédito, débito y otros medios de pago en Chile, quienes mantienen la protección de hasta 35 UF en casos de operaciones desconocidas por extravío, hurto, robo o fraude. La medida afecta tanto transacciones electrónicas como presenciales, incluyendo avances en efectivo y giros en cajeros automáticos, según lo establecido en la Ley 20.009.
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