El presidente de la comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara Baja, Juan Manuel Fuenzalida (UDI), junto con el diputado por la Región de Valparaíso, Hotuiti Teao (Ind. UDI), oficiaron a la Contraloría General de la República, en contra del SERVIU. Ello, para que se pronuncie sobre la polémica decisión que tomó dicho organismo, en relación con el terreno que está ubicado en la comuna de Quilpué y que pertenece a la familia del empresario Alejandro Correa, quien perdió la vida en mayo de 2020, tras ser asesinado por un sicario fuera de su casa en Concón. El caso volvió a la luz pública esta semana, luego que la hija de la víctima, Valentina Correa, recordara que durante este mes se iba a cumplir un año desde que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) cumplir una resolución que ellos mismos emitieron en 2021, en la que ordenaron demoler la toma ilegal que se levantó en dicho terreno. Sin embargo, lejos de comprometerse a cumplir con la medida y aludiendo a lo que establece un protocolo de DDHH dictado por la Corte Suprema, el Serviu respondió que antes de la demolición, se debía desalojar a las familias involucradas, lo cual -aseguraron- debe ser “solicitado y ejecutado por la familia Correa al tratarse de un terreno privado”.
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