Con la audiencia clave ante la Asamblea General de la ONU a solo un mes vista, Michelle Bachelet enfrentaba un riesgo operativo inminente: su campaña para la Secretaría General estaba paralizada. El gobierno del Presidente José Antonio Kast, que asumió el 11 de marzo, mantenía suspendidas todas las gestiones diplomáticas chilenas relacionadas con su postulación, mientras la expresidenta y su equipo carecían de claridad sobre quién coordinaría la logística de viajes, audiencias y pasajes para el despliegue internacional. Convencida de que el gobierno buscaba dilatar una definición, Bachelet solicitó una nueva reunión con Kast en La Moneda el viernes 20 de marzo. Tras una conversación de hora y media, logró que el gobierno anunciara cuatro días después su decisión: retirar el apoyo oficial a su candidatura. Este gesto, que según el excanciller Alberto van Klaveren rompe con la tradición de ‘fair play’ en la política exterior chilena, obligó a Bachelet a traspasar inmediatamente la coordinación principal de su campaña a las cancillerías de Brasil y México, países que le habían ratificado su respaldo. La urgencia no era solo política, sino logística. Bachelet debe concurrir el 20 de abril a Nueva York para exponer ante la Asamblea General de la ONU, en una ronda de audiencias informales clave donde cada candidato tiene tres horas para presentarse.
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