El Ministerio de Salud deja una bomba de tiempo financiera para el nuevo gobierno: siete servicios de salud serán auditados tras detectarse disparidades críticas en su gestión, pese a una inyección de recursos extraordinaria de un billón de pesos. La medida busca identificar si los problemas son de ‘producción no reconocida’ o de gestión deficiente, en un sistema que apenas cerró 2025 con las cuentas justas tras una crisis que obligó a suspender prestaciones en 2024. El subsecretario Bernardo Martorell, quien deja el cargo, instruyó las auditorías tras un año de revisiones que expusieron prácticas inadecuadas como el uso excesivo de tratos directos y el pago de personal temporal con partidas para funciones transitorias, destinadas a labores permanentes. Aunque se logró un aumento del 7% en la producción con contención del gasto, el billón de pesos adicionales inyectados –equivalente al 10% del presupuesto operacional– revela la magnitud de las presiones financieras persistentes. La investigación adquiere urgencia política porque el quiebre entre el presidente saliente Gabriel Boric y el entrante José Antonio Kast ha dejado en pausa el traspaso de la gestión asistencial.
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