El gobierno del presidente Javier Milei en Argentina ha implementado una reforma significativa que autoriza a civiles la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos, revocando una prohibición establecida en la década de 1990 durante la administración de Carlos Menem. Esta medida, formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, introduce un nuevo marco regulatorio para usuarios de armas de fuego de uso civil y entidades de tiro, permitiéndoles adquirir o poseer armamento como fusiles, carabinas y subametralladoras derivadas de modelos militares. Los solicitantes deben cumplir requisitos específicos, incluyendo la identificación precisa del arma, la posesión de un sistema de almacenamiento seguro tipo G2 registrado en el RENAR, y la presentación de una declaración jurada con fundamentos y documentación de respaldo. Esta política se alinea con las promesas de campaña de Milei, quien ha abogado por la liberalización del acceso a armas, inspirado en modelos como el de Estados Unidos. Anteriormente, en diciembre de 2024, el gobierno ya había reducido la edad mínima para obtener la credencial de legítimo usuario a 18 años, facilitando el proceso inicial. Según datos oficiales de 2024, existen más de 185,000 personas con dicha credencial, predominantemente hombres, lo que subraya el impacto potencial de esta reforma en la sociedad argentina.
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