La negociación del reajuste salarial para los funcionarios públicos en Chile ha iniciado, generando un intenso debate sobre su impacto fiscal. Según un informe del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), el costo total de esta medida podría superar los US$1.500 millones, cifra que contrasta significativamente con los recursos presupuestados para 2026. Los trabajadores estatales han presentado una demanda de aumento real del 2%, lo que, sumado a la inflación acumulada del 3,4% hasta noviembre, se traduce en un incremento nominal del 5,4%. Este ajuste afectaría a aproximadamente 939.000 empleados públicos, cuya distribución incluye un 50% en la administración central, un 37% en el sector municipal, y el resto en universidades, organismos autónomos y otras instituciones. El análisis de LyD destaca que la Ley de Presupuestos 2026 asigna solo $589.921 millones (equivalente a US$634 millones) para financiar el reajuste, menos de un tercio del costo de la última ley similar. Esto plantea dudas sobre la disponibilidad de recursos, especialmente considerando que, según cálculos del instituto, un aumento del 5,4% nominal requeriría US$1.527 millones, sin incluir beneficios adicionales como bonos o aguinaldos. Además, los ahorros por retiros voluntarios, estimados en US$150 millones anuales bajo un escenario optimista, resultan insuficientes para cubrir estos gastos.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
