La Policía de Investigaciones ha realizado allanamientos en los domicilios de Alberto Larraín, cofundador de ProCultura, y María Constanza Gómez, representante legal de la ONG, como parte de las investigaciones del caso Convenios liderado por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Durante los operativos, se incautaron varios dispositivos electrónicos, incluyendo el servidor de la fundación, celulares y computadores personales de Larraín, y se continuó con la revisión de las bases de datos y correos de la organización. Estas acciones se suman a la controversia sobre las transferencias bancarias realizadas por la ex Primera Dama, Irina Karamanos, a ProCultura, que han levantado sospechas sobre posibles fines políticos. Tanto Larraín como Gómez se han acogido a su derecho de guardar silencio frente a las acusaciones. Además, la abogada Susana Borzutzky ha renunciado a la defensa de la fundación y sus principales controladores ante las crecientes complicaciones en el caso.
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