La alcaldesa de Lo Espejo denuncia que su vida tiene precio: bandas de narcotraficantes juntaron 100 millones de pesos para atentar contra ella. La oferta es una represalia directa por medidas que ha tomado contra el crimen organizado en la comuna, lo que marca un escalamiento peligroso en la presión que ejercen las facciones criminales sobre las autoridades locales. Entre las acciones que desataron la amenaza se cuentan la demolición de una sede deportiva utilizada como ‘búnker’ para la venta de drogas y el retiro de cámaras de vigilancia clandestinas. La alcaldesa, que enfrenta esta situación crítica con ocho meses de embarazo, aseguró que ‘ya hay personas identificadas y hemos podido corroborar la información que nos ha llegado’. El caso expone el costo personal y el riesgo extremo que asumen los funcionarios que combaten el narcotráfico en terreno, especialmente en comunas vulnerables. Una amenaza de esta magnitud, con un monto específico y corroborada, no solo busca intimidar a la autoridad, sino que envía un mensaje de impunidad que puede desalentar acciones futuras contra el crimen organizado, afectando la seguridad y la gobernabilidad local. La situación pone en evidencia la necesidad de reforzar los protocolos de protección para autoridades en riesgo y profundizar las investigaciones para desarticular las redes que financian y ejecutan estas amenazas, un desafío crucial para el Estado de derecho.
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