El caso ProCultura, investigado por la Fiscalía Regional de Antofagasta bajo la dirección del fiscal Juan Castro Bekios, ha experimentado desarrollos significativos en las últimas semanas. La disputa del Ministerio Público con los tribunales de Antofagasta para autorizar diligencias intrusivas, como el levantamiento del secreto bancario de la fundación y sus directivos, ha centrado la atención. Además, la arista vinculada al gobernador Claudio Orrego fue trasladada al 7° Juzgado de Santiago a petición de su defensa, marcando otro hito procesal. En este contexto, Alberto Larraín, cofundador de ProCultura y figura clave en la investigación, ha reforzado su estrategia legal tras el fallecimiento de su anterior abogado, Pablo Huidobro. Larraín ha fichado a los penalistas Cristián Arias y su hijo Vicente Arias, quienes asumieron formalmente su representación el 17 de octubre. Cristián Arias, conocido por su defensa previa del exsubsecretario Manuel Monsalve, ha señalado que enfrentan un caso «absolutamente contaminado por la desinformación» y diligencias fallidas. Arias destacó que Larraín mantiene una colaboración activa con las pesquisas y enfatizó que nadie se ha enriquecido con fondos públicos, defendiendo la trayectoria de ProCultura durante sus catorce años de operaciones.
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