El sector eléctrico chileno se enfrenta a ajustes tarifarios significativos tras un prolongado congelamiento iniciado en noviembre de 2019, durante el estallido social, y extendido en agosto de 2022 debido a la alta inflación. Este período de estabilidad artificial de tarifas acumuló una deuda cercana a los US$6.000 millones con las empresas generadoras. El Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), implementado en abril de 2023, solo pudo contener parcialmente el alza para clientes de bajo consumo, mientras que los segmentos de mayor gasto eléctrico enfrentaron aumentos acumulados del 10% al 16%. Esto ha impactado de manera desigual a nivel regional, destacando Valparaíso y Atacama con aumentos superiores al 40% para el segundo grupo de mayor consumo residencial. En contraste, Tarapacá, Arica y Parinacota, y Los Lagos experimentarán incrementos menores, aunque significativos. Consultoras como Systep han cuestionado la efectividad de estas medidas, subrayando que solo el 7% de los clientes regulados consume el 58% de la energía, lo que dificulta la estabilización tarifaria sin un impacto financiero considerable. La implementación próxima de la Ley de Estabilización Tarifaria, con ajustes programados para julio y posteriormente en octubre y enero, será crucial para gestionar estas disparidades regionales y mantener la equidad en el acceso a la energía en todo el país.
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