La defensa del exlíder del FPMR Galvarino Apablaza Guerra descartó categóricamente su extradición a Chile, generando un choque frontal con autoridades de ambos países que habían anunciado un proceso en fase final. El abogado argentino Rodolfo Yanzón afirmó que el caso está cerrado desde hace 16 años y que su cliente mantiene vigente el estatus de refugiado político en Argentina bajo la Convención de Naciones Unidas, lo que anula cualquier trámite de extradición. Yanzón desmintió específicamente las versiones de la exministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich y el exministro chileno Luis Cordero, calificando sus declaraciones como erróneas y señalando que Bullrich «nos tiene acostumbrados con su ignorancia en temas jurídicos». Además, el defensor acusó a organismos de seguridad argentinos de vigilar ilegalmente a la familia de Apablaza y sugirió que existiría coordinación con autoridades chilenas para una eventual detención ilegal, llegando a afirmar que «la señora Bullrich estaría encantada de secuestrar a Apablaza Guerra y enviarlo en un avión a Chile». El caso mantiene viva una tensión bilateral que se arrastra por décadas, vinculada al asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y el secuestro de Cristián Edwards.
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