La detención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por Carabineros en su domicilio de Las Condes, no es un hecho aislado: es el resultado directo de un fallo clave del máximo tribunal que habilita a la Fiscalía a avanzar con medidas intrusivas, incluyendo una eventual prisión preventiva. Este paso judicial, adoptado por la Segunda Sala de la Corte Suprema, despeja el camino para que el Ministerio Público investigue a fondo los delitos de cohecho y lavado de activos que se le imputan, en el marco de la denominada trama bielorrusa, vinculada al litigio millonario entre el consorcio Belaz Movitec y Codelco. Según la Fiscalía, Vivanco habría acelerado recursos a favor de Belaz Movitec sin inhabilitarse pese a sus vínculos con Eduardo Lagos y Mario Vargas, obteniendo un presunto beneficio económico y lavando posteriormente los dineros. La Corte Suprema consideró que la imputación reviste seriedad y verosimilitud suficientes, aunque el fallo incluyó una disidencia parcial de los ministros Leopoldo Llanos y María Cristina Gajardo, quienes cuestionaron la vinculación directa de los gastos con el delito de cohecho, argumentando que podrían provenir de ingresos regulares de la exministra.
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