El Congreso chileno está impulsando una agenda legislativa que busca establecer exámenes obligatorios de detección de drogas para autoridades públicas, con el objetivo de fortalecer la transparencia y combatir la influencia del narcotráfico en la política. Esta iniciativa, que podría implementarse en 2026, representa un cambio significativo al pasar de medidas temporales a regulaciones permanentes. Actualmente, la Ley de Seguridad Municipal, aprobada en diciembre de 2025 y pendiente de revisión en el Tribunal Constitucional, incluye una indicación de la senadora Yasna Provoste que obliga a alcaldes, concejales y otros funcionarios comunales a someterse anualmente a estos controles. Un resultado positivo, sin justificación médica, podría llevar a la cesación del cargo, marcando un precedente legal sin antecedentes en el país. Paralelamente, se tramitan otras propuestas en el Congreso. Un proyecto fusionado de las diputadas Paula Labra, Pamela Jiles y Yovana Ahumada, ya aprobado por la Cámara de Diputados, busca extender esta obligación a nivel nacional, incluyendo al Presidente de la República, ministros, parlamentarios y autoridades regionales. Sin embargo, su avance en el Senado se ha estancado, generando preocupación por posibles duplicidades legislativas.
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