La Fiscalía Metropolitana Sur ha presentado una acusación formal contra Karina Oliva, exmilitante del Partido Comunes y figura destacada del Frente Amplio, por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña a gobernadora de la Región Metropolitana en 2021. El Ministerio Público solicita una pena de 7 años de prisión por el delito de fraude de subvenciones en carácter reiterado, alegando maniobras para inflar gastos electorales y obtener devoluciones improcedentes del Servicio Electoral (Servel). Según la acusación, los hechos incluyen rendiciones infladas por trabajos inexistentes, informes plagiados y facturas ideológicamente falsas, vinculados a la rendición de gastos tras la primera y segunda vuelta electoral. En la primera vuelta, se acusa que el entonces administrador electoral, Martín Miranda Sepúlveda, presentó documentación falsa, generando un perjuicio fiscal de $103.863.367, depositado en la cuenta de Oliva. Además, facturas falsas atribuidas a Criteria Research permitieron una devolución adicional de $60 millones. Para la segunda vuelta, la acusación detalla un gasto de $50 millones por un «Evento y cierre de campaña y Desayuno Feminista», respaldado con una factura que, según el Servicio de Impuestos Internos, nunca fue emitida. También se presentaron boletas por $54 millones, objetadas y rechazadas por el Servel.
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