La crisis en el sistema penitenciario chileno ha puesto en el centro del debate a las asociaciones gremiales de Gendarmería, en un contexto donde 47 funcionarios enfrentan formalizaciones por delitos como agrupación criminal, cohecho y soborno. Según informes, 43 de estos individuos están vinculados a diversas organizaciones sindicales de la institución, lo que ha generado un escrutinio público sobre su rol y operaciones. Entre las principales asociaciones se encuentra la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), fundada en 1960 para abordar conflictos con el Servicio de Prisiones y el Ministerio de Justicia. Actualmente, participa en una Mesa Tripartita enfocada en desarrollar una carrera funcionaria definitiva. Su liderazgo incluye a José Iván Carrasco como presidente, y entre sus dirigentes figura Alex Vega Torres, quien, aunque no está formalizado en el caso de corrupción, es investigado por delitos de cohecho y lavado de activos, con antecedentes de sanciones previas por conductas inapropiadas. Otras organizaciones relevantes son la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop), establecida en 1994 para mejorar las condiciones laborales y la participación en políticas institucionales, y la Asociación de Gendarmes de Chile (Agech), creada en 2011 para fomentar una mayor transparencia y representación.
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