El gobierno chileno ha generado un intenso debate político al incluir disposiciones que regulan la desvinculación de funcionarios públicos en el proyecto de ley de reajuste salarial del sector estatal. Estas normas, calificadas por la oposición como «de amarre», buscan establecer criterios objetivos para la no renovación de contratos y otorgar derechos de reclamo a empleados con al menos dos años de servicio, lo que ha sido interpretado como un intento de limitar la capacidad del próximo gobierno, encabezado por José Antonio Kast, para realizar cambios en la administración pública. El comando del presidente electo, a través de Arturo Squella, líder del partido Republicano, ha criticado duramente la medida, argumentando que rompe la confianza entre las fuerzas políticas y podría obstaculizar la gestión futura. Squella señaló que espera una rectificación del gobierno para evitar daños irreparables en la relación institucional. Críticas similares han surgido desde otros sectores opositores, como la UDI y Demócratas, que acusan al Ejecutivo de utilizar el reajuste para asegurar la permanencia de operadores políticos en el Estado. En respuesta, el Ministerio del Trabajo defendió la iniciativa, explicando que no modifica las reglas vigentes, sino que formaliza en la ley prácticas ya establecidas mediante instrucciones ministeriales, dictámenes de la Contraloría y fallos judiciales.
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