La tarde del jueves 18 de diciembre de 2025 marcó el cierre de una intensa búsqueda policial con la entrega voluntaria del último gendarme prófugo vinculado a la Operación Apocalipsis. Este evento culmina una investigación liderada por la Fiscalía Occidente, que ha resultado en la imputación de 47 funcionarios de Gendarmería por su presunta participación en una red de corrupción dentro de las cárceles de Santiago 1 y San Joaquín. Los detenidos, ahora sujetos a control de detención y formalización en el 12vo Juzgado de Garantía, enfrentan cargos relacionados con actividades ilícitas que incluyen el tráfico de artículos prohibidos y el ingreso no autorizado de personas. El director de Gendarmería, Rubén Pérez, ha iniciado procesos de desvinculación para todos los implicados, afirmando que violaron su juramento y traicionaron la confianza pública. En declaraciones previas, Pérez enfatizó que estos individuos representan «malos elementos» que contaminan la integridad institucional. La investigación, de larga data, reveló que grupos criminales pagaban a los gendarmes para facilitar el ingreso de teléfonos, drogas, alcohol y otros artículos prohibidos, generando un ecosistema delictual que movilizó más de $6.300 millones en tres años. Además de los 47 gendarmes, la Operación Apocalipsis ha identificado a 23 civiles, sumando un total de 70 personas imputadas.
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