En el marco del Día Internacional de la Infancia, investigadoras del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, Marcela Pardo y María José Opazo, han destacado una preocupante exclusión en el acceso a la educación temprana. Según datos de la Encuesta Casen 2022, únicamente el 13,8% de los niños menores de dos años asiste a sala cuna, lo que equivale a uno de cada siete. Esta brecha afecta desproporcionadamente a las familias de menores recursos, quienes, a pesar de ser las que más se beneficiarían, enfrentan mayores barreras para acceder a este nivel educativo inicial. Las expertas subrayan que la asistencia disminuye drásticamente en contextos de pobreza extrema, limitando oportunidades de desarrollo cruciales. Actualmente, la legislación chilena, basada en el Artículo 203 del Código del Trabajo, restringe el acceso a sala cuna como un beneficio laboral para empresas con 20 o más trabajadoras, excluyendo a más de 2,5 millones de padres en situaciones de informalidad, desempleo o inactividad laboral. Esta normativa, vigente desde 1917, no se alinea con los derechos universales consagrados en instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño. Pardo y Opazo proponen un cambio paradigmático: reconocer el acceso a sala cuna como un derecho universal, independiente de la situación laboral parental.
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