Tras 36 años en la judicatura, Antonio Ulloa, exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, enfrenta la destitución e inhabilitación para cargos públicos por cinco años, tras la aprobación de una acusación constitucional en el Senado. La decisión, notificada el 10 de noviembre, marca el fin de su carrera judicial y conlleva obligaciones inmediatas, como la devolución de un departamento en Vitacura y un vehículo asignado, propiedad de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Según el reglamento, Ulloa dispone de 30 días hábiles para desocupar completamente la vivienda, incluyendo estacionamiento y bodega, mientras que la CAPJ ya notificó la restitución del automóvil fiscal. El proceso previo incluyó suspensiones y recursos, donde la Corte Suprema inicialmente redujo sanciones, generando expectativas de continuidad. Sin embargo, el Senado determinó que Ulloa transgredió deberes de reserva, imparcialidad e intervención en nombramientos, considerando la medida proporcional. Ulloa ha expresado su descontento, calificando la decisión como injusta y desproporcionada, y planea demandar al Estado en instancias internacionales por vulneración del principio non bis in idem, alegando doble sanción por los mismos hechos. Respecto a su futuro, el exjuez evalúa opciones laborales alejadas del derecho y los tribunales, tomándose semanas para decidir con asesoría legal.
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