En el contexto de la pausa en las negociaciones del Presupuesto 2026, que se retomarán tras las elecciones del 16 de noviembre, los funcionarios públicos han manifestado su rechazo a un posible congelamiento salarial. A pesar de la recomendación gubernamental de mantener los sueldos en valores nominales de 2025, lo que generaría un ahorro fiscal de aproximadamente $524.938 millones, los gremios exigen un reajuste del 7%. Esta cifra supera la inflación acumulada proyectada del 3,7% y el crecimiento económico estimado del 2,5%, sumando un 6,2%, con un adicional no especificado que llevaría la demanda al 7%. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, busca acuerdos tras el rechazo casi total al presupuesto en la Comisión Mixta, donde la oposición exige definir el ajuste salarial del sector público. Representantes de 16 asociaciones, incluida la ANEF, argumentan que no aceptarán que los ajustes fiscales recaigan sobre sus ingresos, enfatizando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo. Mientras, el Ejecutivo evita divulgar cifras específicas, aunque se estima que el costo por inflación y cotizaciones previsionales supera los US$700 millones, frente a los US$615 millones previstos en el proyecto. La tensión persiste, con funcionarios advirtiendo que no tolerarán un «reajuste cero» y subrayando el impacto en su bienestar económico.
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