La ONG Trekan ha experimentado un notable aumento en los fondos asignados por el Estado bajo el actual gobierno, alcanzando más de $6 mil millones en convenios desde marzo de 2022. Este crecimiento, que ha pasado de cientos a miles de millones de pesos en pocos años, ha generado denuncias por parte de la diputada Paula Labra, quien ha solicitado a la Contraloría General de la República una fiscalización exhaustiva. Labra, independiente cercana a Renovación Nacional, cuestiona la transparencia en los procesos de adjudicación y destaca que más del 80% de las transferencias estatales a la organización se concentran en este periodo gubernamental. Además, ha señalado posibles conflictos de interés, al ser el director de Trekan hermano de un exasesor del Frente Amplio en Valparaíso. La ONG, fundada en 2015 en Limache, se dedica a proyectos sociales en áreas como violencia de género, rehabilitación de drogas y apoyo a personas en situación de calle, con presencia nacional. Su principal socio ha sido el SernamEG, que ha aportado $2.200 millones en la actual administración. En respuesta, Trekan niega cualquier favoritismo político y atribuye el incremento a factores como la experiencia acumulada, la falta de competencia en concursos públicos y requisitos de antigüedad que limitan a otros postulantes. La organización enfatiza que no obtiene ganancias y que todos los excedentes se reintegran según las normativas de Contraloría, aunque casos como un trato directo en Punta Arenas tras una licitación desierta han avivado las sospechas.
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