El impuesto al lujo en Chile ha registrado una recaudación significativamente inferior a las estimaciones originales, según datos oficiales de la Tesorería General de la República. Entre enero de 2023 y julio de 2025, el gravamen generó un total de $52.286 millones, cifra que contrasta marcadamente con la proyección anual inicial de $118.213 millones, equivalente al 0,05% del PIB. Esta discrepancia subraya un cálculo excesivamente optimista durante la fase legislativa. La Ley 21.420, implementada durante el gobierno de Sebastián Piñera para financiar la Pensión Garantizada Universal, aplica un tributo anual del 2% sobre el valor de mercado de bienes de lujo como yates, helicópteros, aviones y automóviles, con umbrales específicos en Unidades Tributarias Anuales. Sin embargo, la ejecución ha enfrentado múltiples desafíos, incluyendo dificultades judiciales en los Tribunales Tributarios y Aduaneros, lo que ha obstaculizado el cobro efectivo. Expertos tributarios atribuyen la baja recaudación a factores como la exención de bienes utilizados en actividades empresariales o deportivas, la subvaloración de activos debido a deterioro, y comportamientos de evasión, como la compra en el extranjero. Adicionalmente, la falta de un reglamento inicial y la dependencia de instituciones externas para identificar bienes afectos han complicado la administración. Con solo 12.617 contribuyentes registrados, el impuesto evidencia limitaciones en su diseño y aplicación, generando incertidumbre sobre su sostenibilidad fiscal.
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