Durante la administración del presidente Gabriel Boric, el Poder Judicial ha emitido 22 órdenes de desalojo dirigidas a las delegaciones presidenciales regionales para ejecutar lanzamientos de ocupaciones ilegales. Hasta la fecha, 14 de estas órdenes han sido cumplidas, mientras que ocho permanecen pendientes, afectando a más de 14 mil residentes que viven en condiciones precarias. Entre los casos más significativos se encuentra la toma de San Antonio, que alberga a más de 10 mil personas y cuyo desalojo fue aplazado recientemente. Adicionalmente, existen asentamientos más pequeños con fallos judiciales que obligan a los ocupantes a abandonar los terrenos, aunque en dos instancias—como en Puente Alto y Lampa—se lograron acuerdos de compraventa entre los ocupantes y los propietarios, evitando así los desalojos. Estos procesos judiciales y administrativos subrayan los desafíos en la gestión de conflictos territoriales y la necesidad de soluciones habitacionales sostenibles. Según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de Techo-Chile, Chile registra 1.428 campamentos con más de 120 mil familias en situación de vulnerabilidad, resaltando la urgencia de políticas públicas efectivas.
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