Oficiar al ministerio de Salud y al de Seguridad Pública sobre una serie de materias, fue el acuerdo al que llegaron los integrantes de la Comisión de Salud, luego de estudiar la situación de violencia que enfrenta la Atención Primaria de Salud (APS), la que se ha venido agravando en los últimos meses. Desde el Gobierno, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell; y el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, explicaron las medidas que se han venido implementando desde el año pasado, sin embargo, las senadoras Ximena Ordenes (presidenta accidental) y Yasna Provoste, y el senador Francisco Chahuán solicitaron pasar “de la planificación a la acción”. Desde el ministerio de Seguridad Pública explicaron que “se ha diseñado una estrategia que considera a los gremios, la PDI, Carabineros, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales y las seremis con énfasis en la intervención de resguardo policial, el fomento de las denuncias, la protección de los establecimientos de salud, el mejoramiento del entorno y la promoción del buen trato de funcionarios”. La autoridad detalló que existen 127 centros de atención primaria priorizados y 193 hospitales, de los cuales 9 centros en calidad de riesgo extremo (4 con carabineros de punto fijo o vigilancia policial) y 46 hospitales en la misma condición (30 con punto fijo y 16 con vigilancia especial).
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