Considerando que sólo desde el año 2018 la institucionalidad pública de Chile cuenta con un ministerio que lleva en su nombre las palabras “artes, culturas y patrimonios”, que el patrimonio es abordado desde una Ley de Monumentos Nacionales, de 1970, que lógicamente se ha visto desactualizada debido, primero que nada, a los polisémico del término “patrimonio” y a lo dinámico de su producción e interpretación. Qué decir del concepto de patrimonio cultural inmaterial, el cual, ha pasado de ser ignorado totalmente a ir ganando en análisis, comprensión, divulgación y apropiación. Podemos decir que el interés general por lo patrimonial no posee larga data, pero parece ser que desde algún tiempo todo puede ser patrimonizable – si es que esa palabra existiera-. Como lo expresa claramente la editorial de la Revista “Medio Rural”, en su edición 17/2024: “Ese enfermizo afán estatal de patrimonializarlo todo, ese impulso de andar buscándole por todos lados el cuesco a la breva, convirtiendo en objetos de consumo y contenidos para web hasta las prácticas más sencillas de la vida cotidiana rural.”
El patrimonio no es sólo es un conjunto de objetos, saberes, prácticas o sitios históricos, sino una construcción social que refleja valores, identidades y relaciones de poder. La forma en que se seleccionan, preservan y exhiben estos elementos está mediada por intereses políticos y culturales, muchas veces externos a la cultura productora de ese objeto, saber o práctica. Existe una tensión entre la dimensión poética (estética, emocional y simbólica) del patrimonio y su dimensión política (como instrumento de identidad, poder y control). Mientras que la poética busca crear conexiones emotivas y culturales, la política puede instrumentalizar el patrimonio para reforzar narrativas oficiales o exclusivas, o incluso, despojarla de valor por medio de la reproducción, de la pérdida de su valor simbólico, convirtiéndola en otro bien de consumo turístico más.
El patrimonio no es una entidad estática por descubrir, siempre categorizable, sino un proceso dinámico, desbordante- que traspasa los bordes, por ejemplo “de lo nacional”- y construido socialmente. Su carácter compartido es fundamental para fomentar la inclusión social, no sólo en el ámbito de la difusión o apreciación, sino en su propia producción. Esto implica que es crucial proteger a las comunidades y personas cultoras de lo que sea que se haya definido como «prácticas patrimoniales de interés», es decir, que deben contar con medios de subsistencia dignos, que ellos mismos consideren adecuados, garantizando que los aspectos económicos y políticos no representen un factor de riesgo y que su práctica no se reducirá a un mero extractivismo cultural por parte del Estado, del gobierno, de investigadores, o de cualquier otra institución interesada.
Síguenos en:
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis
