Su preocupación ante la acusación constitucional, impulsada por la oposición contra el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, tras la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental, manifestó este lunes el ministro de Seguridad, Luis Cordero. El secretario de Estado, fue enfático en cuestionar el uso de este mecanismo en cargos de confianza exclusiva del Presidente. “Las causales para acusar constitucionalmente a un delegado presidencial tienen una exigencia jurídica más estricta”, señaló el ministro, recordando que este tipo de procesos deben estar vinculados a infracciones constitucionales o delitos claramente tipificados. El titular de Seguridad advirtió que el mal uso de la acusación constitucional puede erosionar el sistema institucional. “Cuando uno desnaturaliza las instituciones, ya no tienen borde y cualquier hecho político puede terminar en una acusación constitucional”, sostuvo, alertando sobre el riesgo de utilizar esta herramienta con fines netamente políticos. En esa línea, Cordero enfatizó que remover a una autoridad que responde directamente a la confianza presidencial, como es el caso de los delegados, puede derivar en consecuencias más profundas para el equilibrio del sistema político. “Si se presenta una acusación para remover un cargo de exclusiva confianza, estamos frente a una práctica del parlamentarismo de facto”, advirtió, añadiendo que este tipo de acciones “generan consecuencias indeseadas en un sistema presidencial tan rígido como el chileno”.
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