La presentación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) por parte del Gobierno generó controversia debido a discrepancias en los números entregados al Congreso y a la constatación de un déficit fiscal superior al prometido. Mientras que se esperaba un déficit de 1.1% del PIB, el informe reveló que sería de 1.6%, lo que llevó a críticas por la falta de precisión y transparencia. Además, el Gobierno anunció un significativo recorte de gasto de aproximadamente $1,900 millones de dólares, de los cuales $870 millones dependerían de nuevas medidas legislativas. Estas medidas, que incluyen aumentos de ingresos y reducciones de desembolsos, enfrentaron críticas por su dependencia de la aprobación del Congreso, lo que pone en duda su viabilidad y efectividad. En respuesta a las críticas, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, defendió la inclusión de estas medidas en las proyecciones fiscales como necesarias para el ajuste a mediano plazo, destacando la política de “3×1” en reposiciones laborales. Esta política propone limitar la reposición de personal en el sector público, permitiendo solo una contratación por cada tres jubilaciones, como parte de la estrategia para reducir el gasto gubernamental. La medida, que se debatirá en el Congreso en el marco de la ley de Presupuestos, busca establecer un control más estricto sobre el crecimiento del gasto público y alinear las finanzas con las necesidades fiscales del país.
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