El Tribunal Constitucional de Chile ha marcado un hito al destituir a la senadora Isabel Allende del Partido Socialista, debido a su involucramiento en contratos con el Estado. Este caso ha destapado una caja de Pandora y, según informes de The Clinic, varios otros parlamentarios también podrían estar implicados en situaciones similares. Entre ellos se encuentra el senador del Maule, Juan Castro (PSC), junto a Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Fidel Espinoza (PS) y los diputados Jaime Mulet (FRVS) y Ximena Ossandón (RN), quienes han tenido acuerdos financieros con el fisco que podrían ser objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional. La resolución del Tribunal no solo afecta a Allende, sino que pone en la mira a otros miembros del congreso que han mantenido contratos con entidades estatales, lo que podría llevar a nuevas solicitudes de destitución. La situación del senador Juan Castro es particularmente notable, ya que se descubrió que participó en una red de sociedades familiares con contratos estatales valorados en millones, lo que podría comprometer su posición y la de otros legisladores en situaciones parecidas. El Tribunal Constitucional, tras esta decisión, se enfrenta ahora al desafío de analizar y decidir sobre potenciales casos adicionales que podrían cambiar significativamente el panorama político nacional.
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