Prácticamente por la unanimidad de los nueve diputados presentes -exceptuando a Tomás de Rementería (Ind.-PS) que se abstuvo-, se aprobó este lunes el informe de la Comisión Especial Investigadora Procultura. En los primeros párrafos del documento se detalla que se pudo detectar, gracias a auditorías y fiscalizaciones de la Contraloría General de la República, “reiteradas irregularidades administrativas y debilidades significativas en los controles asociados a la entrega y rendición de recursos públicos”. En esa línea el presidente de la comisión investigadora, Andrés Longton, precisó que el informe “refleja que Procultura se aprovechó deliberadamente de las instituciones para hacerse ilícitamente de recursos públicos, no teniendo la expertise y muchas veces aprovechando la complicidad, simpatía o cercanía que tenía con ciertas autoridades políticas de este gobierno para poder adjudicarse con mayor facilidad y con menor control de cuantiosos y millonarios recursos públicos en una fundación que muchas veces incluso tercerizó a través de los mismos funcionarios de la fundación para efectos de poder lucrar con fondos que eran precisamente para los más vulnerables”. Según se establece en el documento evacuado, Procultura recibió grandes sumas de dinero “provenientes principalmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante su programa de Asentamientos Precarios y Recuperación de Barrios, de diversos Gobiernos Regionales y municipalidades”. El monto en cuestión totalizaba aproximadamente $ 6 mil millones de pesos, distribuidos en al menos 7 regiones del país.
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