Su preocupación por la entrega de licencias de conducir a deudores de pensión alimenticia por parte de los municipios, manifestó la diputada independiente por el Bío Bío, Karen Medina. La parlamentaria calificó esta situación como inaceptable y contraria a la Ley 21.389, que establece restricciones en este sentido desde el año 2022. Sus dichos surgen tras un informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR), donde se reveló que 243 de las 345 municipalidades del país habrían otorgado o renovado un total de 3.432 licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Además, el informe de la CGR revela que 65 funcionarios municipales habrían obtenido o renovado su licencia de conducir en el mismo municipio donde trabajan, a pesar de estar inscritos en el Registro de Deudores de Pensión de Alimentos. “Es sumamente preocupante y grave que, a pesar de contar con una ley que establece la restricción para otorgar licencias de conducir a deudores de pensión alimenticia, los municipios estén incumpliendo sistemáticamente con esta normativa. Esto no solo refleja una falta de compromiso con el cumplimiento de la ley, sino que también pone en riesgo la efectividad de las medidas destinadas a proteger a los beneficiarios de pensiones alimenticias”, recalcó la parlamentaria.
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