El Gobierno de Chile se enfrenta a un desafío financiero significativo tras realizar un ajuste en el gasto público de 600 millones de dólares y enfrentar críticas intensas por la gestión de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Las discrepancias surgieron a raíz de un recorte presupuestario que afectó directamente a los gobiernos regionales, quienes, liderados por su asociación, denunciaron impactos negativos en la inversión y empleo local. A pesar de las justificaciones del Dipres, que alegan subejecuciones en las inversiones regionales, la oposición y expertos financieros cuestionan la precisión de las proyecciones de ingresos y gastos del gobierno. El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido previamente sobre la sobreestimación de ingresos, que ahora parece confirmarse con una recaudación acumulada por debajo de las expectativas. Este escenario ha llevado al Ministerio de Hacienda a proyectar un déficit mayor al esperado, y con menos de dos meses restantes en el año, la posibilidad de cumplir con las metas fiscales parece remota. La situación se complica aún más con la próxima revisión del presupuesto, en la que se discutirá la eficacia de las estrategias de recaudación frente a las necesidades crecientes del país, destacando la tensión entre la planificación fiscal y la realidad económica que enfrenta Chile.
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