La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se encuentra en el centro de una nueva polémica tras distanciar al Gobierno de los problemáticos planes de pago implementados por las Isapres. Durante su vocería, Vallejo señaló que las prolongadas cuotas de pago, que podrían extenderse hasta 13 años, no reflejan la propuesta original del gobierno, sino un acuerdo con parlamentarios que ampliaron los plazos. Esta declaración ha provocado una ola de críticas dentro de la coalición de gobierno, especialmente de parlamentarios que sienten que el Gobierno está esquivando su responsabilidad en la implementación de la ley. Varios parlamentarios, incluidos senadores y diputados, han expresado su descontento con la forma en que se ha manejado la Ley de Isapres, argumentando que el gobierno tenía la capacidad de rechazar o modificar las propuestas relacionadas con los planes de pago. Algunos acusan directamente al Ejecutivo de haber aprobado estas medidas que han resultado en pagos irrisorios para los ciudadanos afectados. Este conflicto destaca la tensión entre diferentes sectores del gobierno y sus aliados parlamentarios, poniendo en evidencia las complejidades de la gestión y la comunicación dentro de la administración actual.
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