El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó recientemente una ley que establece severas penas de 25 a 30 años de cárcel para quienes fomenten o se vinculen con sanciones extranjeras contra su gobierno. La “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, aprobada por el parlamento dominado por el chavismo, también contempla multas de hasta un millón de euros y la inhabilitación política por 60 años para los infractores. Además, la ley impide a estos individuos participar en elecciones y extiende sanciones a medios de comunicación que difundan mensajes que promuevan sanciones contra Venezuela. La legislación fue promulgada en respuesta a una ley de Estados Unidos que intensifica las sanciones contra quienes mantengan vínculos comerciales con el gobierno venezolano. Maduro defendió la medida como una necesidad para proteger la soberanía de Venezuela y contrarrestar lo que considera una agresión imperialista. La ley también etiqueta como crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales, con Venezuela recibiendo más de 900 sanciones en la última década, en su mayoría de Estados Unidos. La nueva ley se alinea con los esfuerzos del gobierno de Maduro para mitigar el impacto de las sanciones en el país y reafirmar su autoridad.
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