Durante tres años, Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, recibió $1.500 millones en gastos reservados, almacenados en una caja fuerte bajo supervisión genérica de la Contraloría. Un informe reciente entregado al Ministerio Público y la Contraloría detalla cómo Monsalve manejó estos fondos, incluidos los pagos en efectivo realizados el día de los supuestos delitos de violación y abuso sexual. Este escrutinio financiero destaca la gestión y utilización de grandes sumas de dinero en un contexto altamente sensible, alimentando el debate sobre la adecuación de las políticas de gastos reservados. El caso de Monsalve ha intensificado las críticas sobre la transparencia y el manejo de los fondos reservados por parte de la subsecretaría del Interior, especialmente en relación con los procesos judiciales en curso. La relevancia de estos fondos en la investigación del caso, así como su uso en gastos personales como el pago a un taxi, ha resaltado la necesidad de mayor control y rendición de cuentas en el manejo de los recursos del estado.
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