Inquietud existe entre los municipio del país, por las dificultades que tendrá -en la práctica- la entrada en vigencia de la última etapa de la Ley 21.368, que mandata a las municipalidades la fiscalización de la norma. Entre otros aspectos relevantes, se destaca que prohíbe la entrega de cualquier producto de un solo uso (no sólo plásticos) al interior de locales de comida, independientemente de si su material es reciclable, biodegradable o compostable. “Las últimas semanas nos hemos reunido con la autoridad para alertar sobre un escenario que visualizamos muy complejo. Junto con reiterar nuestra disposición permanente a trabajar en conjunto para implementar medidas que protejan nuestra ciudad y medioambiente, también solicitamos considerar el aplazamiento, puesto que no ha habido una socialización ni medidas concretas para lograr su correcta ejecución, poniendo en riesgo que esta nueva ley genere más problemas que conciencia ambiental”, señaló Andrés Chacón, director ejecutivo de AMUCh. Esta preocupación se basa en los preocupantes resultados arrojados por un reciente estudio elaborado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCh), que reveló que el 81,7% de las municipalidades del país no dispone de la capacidad necesaria para fiscalizar de manera efectiva las nuevas disposiciones contempladas en la ley.
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