El Senador Flores expresó su profunda preocupación por la sobrecarga del Ministerio Público, que se encuentra “absolutamente sobrepasado en su capacidad de investigar y perseguir un alto porcentaje de causas odiosas”, con más del 60% de estas archivadas sin investigación y sin identificación de los imputados. Además, Flores manifestó su inquietud por las acciones recientes de algunos jueces de garantía, como el caso del juez de Arica, quien expuso la información sobre testigos e investigadores de casos de alta connotación, poniendo en riesgo sus vidas. También mencionó al juez Urrutia, quien autorizó videollamadas para personas del crimen organizado desde la cárcel de seguridad, una acción que representa un peligro para la seguridad pública. “Estos casos deben ser cortados de raíz”, enfatizó el Senador Flores, subrayando la necesidad de revisar a fondo tanto la pertinencia como el alcance de las instituciones y personas encargadas de combatir el crimen organizado y promover la seguridad pública en Chile. “Si el señor Urrutia continúa sin consecuencias y persiste en sus acciones, poniendo en riesgo a personas al facilitar las actividades del crimen organizado, podría suponerse una serie de circunstancias, incluida la posible corrupción”, agregó.
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