El Consejo General de Revolución Democrática, reunido de forma extraordinaria, decidió solicitar al Tribunal Supremo del partido, la expulsión de sus filas de dos de sus militantes vinculados a la Fundación Democracia Viva. La entidad, está siendo investigada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, por irregulares convenios que suscribió con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), por una suma de $426 millones en un plazo menor de dos meses. El caso, golpeó fuerte a RD, ya que involucra no sólo a los militantes Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta y Daniel Andrade, representante legal de la organización, sino que además salpica a la vicepresidenta de la Cámara Baja, la diputada Catalina Pérez, pareja de Andrade, quién además fue jefa de Contreras, cuando este fue su asesor parlamentario, antes de ser nombrado Seremi. “Hemos decidido solicitar al Tribunal Supremo que considere la expulsión de estos dos militantes; en base a nuestras normas internas, que fueron creadas para prevenir y enfrentar este tipo de actos. Como Revolución Democrática seguiremos haciendo esfuerzos por prevenir y detectar actos de corrupción”, especificó la directiva del Partido.
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