De jueces a verdugos  

Las detenciones ciudadanas se han convertido en noticia recurrente estos días, y aunque no hay cifras específicas que cuantifiquen las que devienen en linchamientos, es indiscutible que es un fenómeno que ha ido en aumento. Sin ir más lejos, recordemos que hace un par de semanas, murió un hombre de 31 años tras una detención ciudadana en la comuna de Lo Espejo, luego de ser descubierto por transeúntes intentando robar un automóvil, quienes lo detuvieron y comenzaron a golpearlo en la vía pública hasta provocarle la muerte. O como los repartidores motorizados que se han organizado para recuperar sus herramientas de trabajo cada vez que son asaltados, y que en abril se manifestaron en la capital debido a las constantes agresiones que sufren por parte de los delincuentes que quieren robarles sus vehículos. O un poco más atrás, cuando en febrero en la comuna de Estación Central un grupo de vecinos realizaron una detención ciudadana a un adolescente de 15 años, luego de que robara un auto y apuñalara al conductor, el niño fue perseguido, desnudado y golpeado para luego ser amarrado a un árbol a la espera de carabineros.

Este fenómeno autotutelar proviene de una disconformidad generalizada que se ha venido arrastrando desde hace tiempo, y la percepción del aumento de la delincuencia, además de la construcción de un discurso de inseguridad en la población, se ha manifestado en la necesidad de tomar la justicia por sus manos, generando la sensación de control social, pero a través de la violencia. La desconfianza en las instituciones no es nada nuevo, de hecho, Chile es el país de la OCDE que menos confía en el sistema judicial (24%) (OCDE, 2019), además, según el centro de estudios de conflicto y cohesión social, 76% de la población chilena justifica que algunas personas persigan y golpeen a un delincuente que acaba de cometer un asalto y un 88% de los chilenos está de acuerdo con que los jueces debieran dar condenas mucho más largas a quienes han cometido asaltos (COES, 2017), lo que marca un antecedente importante para entender los niveles de violencia que preceden estos casos de autotutelaje.

La pérdida de confianza en los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos y el descrédito hacia el sistema procesal penal generan una impresión de inseguridad y de desprotección por parte del Estado, lo que decanta en la falsa sensación de legitimidad al momento de agredir a los delincuentes. De esta forma, la crisis de confianza en las instituciones que resguardan el orden se traduce en un sentimiento de abandono, la ciudadanía se siente desamparada por las autoridades debido a esta sensación de impunidad con los delincuentes. Es así como este fenómeno se genera, con la articulación de dos situaciones, primero, la idea de que quienes deben protegernos no lo hacen, lo que desarrolla en la población la necesidad de autodefenderse de la delincuencia, y segundo, la noción de que, si el delincuente es detenido por las autoridades, no será castigado de la forma en que se espera, con una condena más extensa.

Ahora bien, la detención ciudadana es totalmente legítima, otorga la facultad al ciudadano de retener a cualquier persona sorprendida cometiendo un delito, con la intención de llevarlo a las autoridades, sin embargo, este tipo de detenciones se desvirtúa cuando la situación se desentiende del objetivo y se transforma en un linchamiento, es entonces cuando el acto lícito pasa a ser ilegal. Ahí yace la raíz del paradigma autotutelar, los civiles no se conforman con la detención del delincuente, ya que está la impresión de que si no son ellos quienes lo castigan, nadie más lo hará, y es en este punto cuando se generan las agresiones y humillaciones.

No se puede negar que hay un problema en la justicia. Y es que las principales causas que desencadenan conductas delictivas tienen estrecha relación con desigualdades estructurales que tienen cabida en el sistema. Las condiciones de extrema pobreza, la deserción escolar y el escaso acceso a terapias de rehabilitación para drogadictos inciden fuertemente en los niveles de delincuencia. Un mejor tratamiento a estas dimensiones, además de trabajar haciendo hincapié en invertir en generar oportunidades de inserción escolar, laboral y social, podría mejorar la convivencia social, de esta forma, se progresará socialmente poniendo ahínco en la prevención y la reinserción social.

Desde las autoridades se remarca que “la justicia no se puede tomar por las manos” y que “la autotutela no existe en un país donde hay Estado de Derecho”, comenta Katherine Martorell, subsecretaría de Prevención del Delito, añadiendo además que “cuando ocurre una situación delictual, quienes deben actuar son las policías, así lo establece la Constitución, lo establece la ley y es lo que corresponde en un Estado de Derecho”. Sin embargo, más allá de las limitaciones legales que pueda tener una conducta como la autotutela, es imperante que en una sociedad civilizada exista un criterio de justicia de proporcionalidad. El linchamiento, la tortura, son un delito, pero más que una obligación jurídica, debe ser la ética y la moral lo que muevan el actuar de los ciudadanos, porque más que sujetos de derecho, somos personas racionales.

Priscilla López – Socióloga Contextus ltda.