El presidente José Antonio Kast anunció desde el complejo fronterizo de Chacalluta el envío de dos proyectos de ley para endurecer las medidas contra la inmigración irregular, generando reacciones inmediatas en el Congreso. La iniciativa contempla una reforma constitucional para ampliar el plazo de detención transitoria de extranjeros de 5 a 60 días, renovable hasta dos veces, y sancionar penalmente el traslado de migrantes irregulares. Desde el oficialismo, los diputados Álvaro Carter (Republicanos), Mauro González (RN), Tomás Kast (Evópoli) y Javier Olivares (Partido de la Gente) respaldaron las medidas calificándolas de «sentido común» y necesarias para recuperar el control fronterizo. En contraste, la oposición cuestionó la falta de claridad en la implementación. El diputado Marcos Barraza (PC) advirtió que no se explicó cómo se ejecutarán ni cuánto costarán, mientras que Jorge Brito (FA) vinculó el debate con la crisis hospitalaria y la necesidad de fortalecer la inteligencia. El anuncio expone una fractura política en torno a la política migratoria, en un contexto donde la seguridad y el orden fronterizo se han convertido en ejes clave de la gestión de Kast. La discusión legislativa que se avecina definirá si estas herramientas legales logran concretarse sin los vacíos que denuncia la oposición.
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