Desde el 11 de marzo hasta el 18 de mayo, 395 migrantes con orden de expulsión han salido de Chile, de los cuales el 70,6% (279 casos) fueron expulsiones forzadas coordinadas por el Ejecutivo. El resto (116 personas) abandonaron el país voluntariamente, lo que ha generado reproches de la oposición, que acusa al gobierno de inflar las cifras al incluir estas salidas en los balances oficiales. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defiende la estrategia: «Lo importante es que salgan». El incremento es notable frente a la administración de Gabriel Boric: en un periodo similar de 2022, las expulsiones forzadas sumaban 199, un 40% menos que las actuales. Sin embargo, las reglas cambiaron: antes se requería notificar personalmente al migrante en dos ocasiones, mientras que ahora basta con una carta certificada. Del total de expulsados, el 37,4% son colombianos, seguidos de venezolanos (20,7%) y bolivianos (16,7%). Las expulsiones forzadas se realizan vía vuelos comerciales (169), vuelos de la Fuerza Aérea (80) o por vía terrestre (30).
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