Un déficit estructural del 3,6% del PIB, muy superior a lo previsto, ha desatado una tormenta política en Chile. Parte de la oposición analiza presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, argumentando que su gestión causó ‘mucho daño’ al país. Este escenario fiscal complejo deja un legado difícil para el futuro gobierno de José Antonio Kast, generando tensiones que podrían escalar en el Congreso. Diputados opositores como Juan Irarrázaval (Republicanos), Frank Sauerbaum (RN) y Joanna Pérez (Demócratas) han señalado que hay antecedentes jurídicos para la acusación y que anunciarán acciones en marzo. En respuesta, parlamentarios oficialistas critican la medida como ‘obstruccionista’ y un ‘show político’, destacando que el país alcanzó un peak en inversiones. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, recordó que esta sería la décima acusación constitucional evaluada por la oposición. El impacto trasciende la pelea partidista: un déficit de esta magnitud exige correcciones urgentes en las finanzas públicas, afectando la estabilidad económica y la confianza de los mercados. La discusión se centra en si las acusaciones son una herramienta legítima de rendición de cuentas o una distracción de soluciones concretas, en un momento clave para la transición gubernamental.
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