A semanas de que el gobierno del Presidente Boric entregue el mando, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, impulsa la implementación de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) sin contar con la herramienta tecnológica esencial para su ejecución. El ministerio adjudicó un nuevo convenio para desarrollar, por tercera vez, la plataforma que gestionará millones de datos sensibles, un proyecto que según la planificación oficial tomará al menos seis meses y no estaría operativo antes de agosto de 2026. Esto ocurre tras tres reveses reglamentarios en Contraloría, tres licitaciones desiertas y un desarrollo fallido que costó $500 millones al erario público, con un nuevo contrato de $550 millones que heredará la próxima administración. La publicación del reglamento sin la plataforma obligaría a conductores a inscribirse en un registro inexistente, exponiendo a más de 140 mil trabajadores a sanciones graves o a la pérdida de su fuente de ingresos. Marcela Sabat, Directora Ejecutiva de la Alianza IN, advierte que ejecutar la normativa de forma improvisada generaría un golpe irreversible para el ecosistema del transporte, impactando la movilidad y el empleo en todo Chile. El propio ministro Muñoz ha reconocido ante la comisión de Transportes de la Cámara que «sin plataforma tecnológica es imposible implementar la ley».
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