Las pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social de 2019 ya suman más de $7.009 millones desde el inicio de los pagos, con un desembolso mensual que en enero alcanzó los $204.951.320 para 418 beneficiarios, según datos de la Tesorería General de la República. El beneficio —que ha significado un gasto cercano a US$8,2 millones— será uno de los temas que deberá abordar el presidente electo José Antonio Kast tras asumir el 11 de marzo, en medio de cuestionamientos por la magnitud de los recursos comprometidos y la polémica por casos de presuntas falsas víctimas. La controversia se ha intensificado luego de que en 2024 se revocaran 28 pensiones y otras tres fueran canceladas en febrero, además de la formalización de dos beneficiarios por fraude de subvenciones. Entre los casos judicializados figuran personas que habrían entregado antecedentes falsos sobre lesiones sufridas durante las manifestaciones. Sin embargo, tras más de dos años de investigación, solo existen dos formalizados, lo que ha sido criticado por la lenta judicialización del proceso y por la falta de revisión de antecedentes penales al momento de otorgar el beneficio. Parlamentarios oficialistas entrantes han solicitado la revocación total de las pensiones mal otorgadas e incluso la eliminación del mecanismo, argumentando falta de trazabilidad y debilidades en el sistema de asignación, basado en testimonios presentados ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Un informe de la Contraloría detectó decenas de beneficiarios con prontuario previo por delitos graves, lo que reabrió el debate sobre la autenticidad de los casos y el uso de recursos públicos. De no adoptarse medidas, el gasto podría superar los $9 mil millones hacia fines de 2026, consolidando el tema como uno de los flancos sensibles para la nueva administración.
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