Una auditoría interna de Codelco destapó lo que parlamentarios califican como «ocultamiento de información de máxima gravedad» sobre la tragedia en la División El Teniente del 31 de julio de 2025, desatando una crisis de credibilidad en la estatal cuprífera. El hallazgo de inconsistencias y desviaciones en el reporte de antecedentes técnicos a la autoridad sectorial llevó a la remoción inmediata de tres altos ejecutivos vinculados a la división, según informó la empresa a la Comisión para el Mercado Financiero. Los parlamentarios de la Comisión de Minería y de la Región de O’Higgins reaccionaron con dureza, emplazando directamente al presidente del directorio, Máximo Pacheco, a asumir responsabilidades. Diputados como Natalia Romero (IND-UDI) señalaron que el ocultamiento debe ser investigado por la fiscalía, mientras que Benjamín Moreno (Republicanos) y Cristian Tapia (IND-PPD) cuestionaron la «verticalidad del mando» y la permanencia de Pacheco en el cargo tras una serie de accidentes fatales en la empresa. La presión política ahora se centra en dos frentes: la indemnización a las familias de las víctimas y una investigación más profunda sobre las prácticas de seguridad en Codelco.
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